No pueden gozar de credibilidad

Muchas personas ven la política, el mundo, las cosas..., desde un punto de vista muy laxo en algunos aspectos y demasiado radical en otros. Los que sobran en un grupo son los que no se adaptan pero...




Cualquier teoría tiene que ser coherente, cuanto menos. De lo contrario sería imposible aplicar sus partes entre sí y, menos aún, al mundo real. Efectivamente, la manera que tengamos de interpretar los poderes públicos está tambén ligado a nuestra idea de lo que es la democracia. Poco importa si uno cree tener razón o si es capaz de refutar cualquier otra visión, una persona en solitario no crea sociedad.

Por eso mismo veo lo que en el fondo pasa siempre: existen medidas que son propias de dictaduras, pero a la gente no le importa. Podemos inventarnos fórmulas sencillas para hacerlo comprender, que si separación de poderes, que si examinar las competencias del que juzga..., pero en el fondo siempre hablamos de lo mismo: la orgánica y cómo se interpreta sus competencias, sus roles.

Pues el asunto parece polémico o difícil, o peor: puede que no le suscite a absolutamente nadie ninguna clase de duda. El asunto es que el Tribunal Supremo, en sus competencias de querer estudiar la legitimidad de los actos del ejecutivo, adopta medidas cautelares en contra de dichas competencias. Y, entonces, es cuando surge la duda: ¿entonces para qué queremos un poder ejecutivo?

El poder ejecutivo, supuestamente, se oferta como una magistratura elegida por el pueblo para adoptar decisiones urgentes, o dirigir la ejecución de decisiones adoptadas. Se puede redefinir el cargo de manera extensiva, enumerando cada uno de los rasgos que los intelectuales hayan querido atribuirle a dicho poder pero, en esencia, vemos que tiene competencias en pugna con el poder judicial.

Cuando la sala de lo Contencioso administrativo adopta una decisión ésta suele afectar a la rama de lo ejecutivo y, claro, ¿qué pasa si afectara justamente al Gobierno? Aquellos que deciden quiénes componen esa sala o, simplemente, aquellos que pueden eliminar la sala. Está claro que en ocasiones no se da una situación de suma cero, y es entonces cuando se genera un estado de inquietud: ¿es que el que tiene el poder es exclusivamente el más astuto, al que no le pillen? Parece que para hacer lo que debas sólo tienes que salirte con la tuya.

Pues bien, eso es una anarquía.

Ahora bien, cuando la gente se contenta con la ley del más fuerte lo que hace en realidad es cederle el poder al que lo tenga en ese momento. Por lo que hablamos, en este caso, de una clara dictadura.

Se ha visto en varias ocasiones cómo las últimas salas podían contradecirse entre sí: que si gobierno, senado, ministros, congreso, supremos, constitucional..., todo ha sido en varias ocasiones un caos. Los medios se preocupan de fingir que no pasa nada, para dar sensación de normalidad democrática; como para sentirse orgullosos del papel que desempeñan las instituciones.

Sin embargo la cosa es simple: la única razón por la cual los presupuestos son ejecutados de una u otra manera por un poder público es porque sólo la malversación de los mismos podría ser puesto en tela de juicio, ahora bien, si hablamos de medidas cautelares: ¿tendría sentido aplicarlas en mitad de un estado de excepción? Si viviéramos una emergencia nacional, como frentar una plaga, ¿tendría sentido hacer caso a las medidas cautelares adoptadas por un tribunal? ¡Las medidas cautelares de cualquier tribunal siempre se subyugan al poder ejecutivo! ¡¡Es absurdo!! De lo contrario, ¿para qué ministros? ¿Para qué militares? ¿Para qué un presidente? ¡Que decidan en esa sala si tienen o no competencias!

Lo mismo pasó con Cartagena Provincia. Sucede muy a menudo: cuando se trata de apresar a un político corrupto en ocasiones alguien dirá que se intenta ganar las elecciones mediante los jueces, sin embargo, cuando se deniega el derecho de petición de una administración para un asunto administrativo, aquí no...., aquí los jueces SIN FUNDAMENTOS JURÍDICOS se ven con derecho de adoptar decisiones que contradigan a sus jefes del ejecutivo.

Yo a eso lo llamo ir contra la cadena de mando. A esos jueces franquistas, y de los que no se autoconsideren así, les preguntaría qué habrían hecho de haber sido un presidente franquista, si se hubieran atrevido a contradecir la ejecución de la ley cautelarmente.

Otra cosa diferente es el que se pretenda decirnos que el cadáver de Franco sea de su familia, y el patrimonio español también de la misma familia... Por eso hace falta una ley de memoria histórica, para hacer limpieza y aclarar qué tiene legitimidad de lo anterior..., es demasiado vital si no queremos que al final sean los más oportunistas y fuertes los que se impongan, y luego sea demasiado tarde.