La oficialidad del delito

En España, como ya demostré ante Estrasburgo, el delito es lo que se defiende y se hace oficial. Lo que pasa es que el juez de turno no tiene reparos en dar una respuesta prevaricadora con tal de no hacer frente a la demanda. Pero ahora iba a hablar de cómo se lo montan.

Cuando en la universidad un estudiante como yo, de una lista negra, tenía por compañero a alguien de una lista blanca podían suceder varias cosas:

a) Se le aplican normas exclusivas e ilegales para que el de la lista blanca no tenga ni que matricularse de una asignatura que no sabe si suspenderá de todas formas,

b) Se negocia con un tercero para obligarle al alumno a que presente las prácticas con él y que luego se quede en la estacada con el fin de obtener favores dentro del grupo de investigación,

c) El profesor introduce un examen adicional para obligar a que un estudiante no pueda presentarse en conjunto con el otro compañero y, por supuesto, esa práctica o examen adicional no es más que una farsa que se mide con diferentes varas de medir.

d) Se suspenden a los dos; tal vez el alumno pase a otra lista negra igualmente.

Yo he vivido las cuatro (salvo la cuarta que no puedo asegurarlo a pies juntillas) y sólo en el primer caso he podido comprobar cómo echaban al profesor de la universidad - pero eso se produjo por faltas acumuladas. A saber...

El asunto es que lo normal en los países corruptos es el no querer respetar la oficialidad de las listas, no respetar la LOPD y, de ahí, incluso llevar a cabo un crimen organizado con el fin de ser coherente con la estructura para así ir formalizando una estructura mafiosa. Yo ya he visto cómo un jefe de estudios presentaba ante mí una lista de empresas, mientras pasaba las páginas, como diciendo: si no pasas por el aro ninguna de estas empresas te contratará y, efectivamente, cuando fui a que cumpliera su compromiso dos empresas independientes rápidamente donde dijeron que estaban interesadas luego dejaron de estarlo y, lejos de dar explicaciones, lo que hacían era actuar con evasivas. Una única explicación habría sido suficiente para saber porqué esos comportamientos tan extraños y no cumplir con sus propios compromisos..., pero la verdadera razón es la de siempre: tan pronto como chocan los cinco con un trabajador luego en una camarilla acuerdan con un tercero una cosa diferente.

Por eso en cuanto apareció la LOPD eso fue lo primero que intentaron hacer que desapareciera: tanto las empresas, como los gobernantes, como la propia agencia de protección de datos. Cada uno quiso hacer de las suyas, los legisladores introdujeron leyes inocuas y absurdas para que pareciera que sólo un abogado podía ejercer de consultor, los gobernantes designaron el típico sujeto amigo de partidos políticos, la propia agencia no se dedicó a perseguir las listas negras, sino que pactó con las compañías de telecomunicaciones para mantener una multa constante que tenían que pagar por incumplir todos los meses la normativa... Todo ha sido un despropósito constante, un proceso de crimen organizado. Así, cada vez que había una conferencia los conferenciantes decían aberraciones sobre la ley, ya sea porque no se la conocían o porque querían boicotear su propia lógica. Y claro, no hace falta señalar que ante una LOPD ser corrupto es muchísimo más difícil: de ahí la doble vara de medir en aplicación de esta ley dependiendo de si se es un partido político a que si se es una empresa, asociación o particular.

La desinformación de cómo funciona la propia LOPD también es ilegal, por lo que bien podría haberse puesto a investigar el fiscal, o algún juez, alguna clase de trama criminal al respecto. Porque por lo menos yo, no creo en las casualidades. Cuando se normaliza la ilegalidad es más que probable que haya una trama de corrupción delictiva de por medio.

Y en eso consiste la oficialidad del delito: consiste en perseguir lo que no es delito para cargar los tribunales con cosas inocuas y en cargar con más organica a las estructuras que fomentan la ilegalidad desde las instituciones públicas. 

Un ejemplo lo tenemos en el chiste de David Suárez: en el chiste él se preguntaba si las retrasadas mentales debían de ser muy buenas haciendo felaciones. Si observamos el chiste vemos que no hay ninguna clase de degradación hacia el colectivo, más allá de presuponer que los retrasados babean más de la cuenta, o que son de la clase de individuos que gustan de ser los que chupen... Pero nada, intentar explicar el motivo de ofensa es lo único que se me ocurre, porque no existe ofensa por más que busco. A lo que esto me lleva a la sorprendente acción del fiscal: ¿por qué lleva esta gilipollez a trámite? ¿Es que el fiscal no es un hombre culto y refinado? ¿Es que no sabe lo que es un chiste y no comprende los contextos? ¿Le ha llegado al fiscal alguna información privilegiada de grupos discapacitados que hayan sido acosados debido a chistes como éstos y se ha encontrado conexión entre estos grupos y el cómico en cuestión? Lo más triste es que no parece que sea así... Todo apunta a que el fiscal tenía muchísimas, y demasiadas, cosas que hacer que prestarse a esta gilipollez.

Por esa razón consideraría la prevaricación por parte del fiscal.

En situaciones como esta me planteo para qué pagamos a ciertos funcionarios: ¿pueden justificar sus decisiones? ¿Han puesto en valor todo lo que deberían de estar haciendo y la eficiencia debida para ello?

Tal como interpreto la justicia y cómo deben ser observadas las leyes, el funcionario en cuestión no tiene ningún derecho a apelar que actúa en base a la Verdad o a principios que sean superiores al propio ser humano. Los principios por los cuales debe actuar el que ejecuta las leyes son el de la confiabilidad para prevenir efectos colaterales o en cadena por cualquier decisión adoptada, eficiencia para asegurarse de que cualquier cosa que se haga se haga bien hecha y fiabilidad por la cual se adopta la posición más probable dentro de los principios antrópicos en el buen uso de su investigación.

Cuando nos salimos, aproximadamente, de estos tres principios observaremos actuaciones impropias en un funcionario y cómo éste se deja llevar por hacer oficial el delito. Que el fiscal diga que investiga algo para ver si es cierto no es suficientemente válido: debe decir porqué no pierde eficiencia, si no va a provocar daños mayores de manera colateral y, por supuesto, si lo más probable es que pueda encontrar un delito. Si el fiscal no puede responder afirmativamente a las tres entonces el Pueblo debería de tener mecanismos para prescindir de alguien así. Porque ese hombre hará mucho por el país, pero fiscalizar no fiscaliza nada.

Mientras tanto, en España, el funcionario espera que otro amiguete le encubra sus acciones delictivas. Y seguimos funcionando bajo una dictadura institucionalista.